La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nació de décadas de lucha, llegó a las Naciones Unidas en 2006 y adquirió jerarquía constitucional en Argentina en 2014. Pero entre el reconocimiento de un derecho y la posibilidad de ejercerlo todavía existe una distancia que merece ser investigada.
Un derecho no debería necesitar permiso
Hay derechos que parecen indiscutibles hasta que alguien intenta ejercerlos.
Estudiar, trabajar, viajar, elegir dónde vivir, administrar el propio dinero, acceder a un tratamiento médico, participar de una elección o simplemente recibir información que podamos comprender. Para buena parte de la sociedad son actividades cotidianas. Para muchas personas con discapacidad, en cambio, pueden convertirse en recorridos atravesados por formularios, certificaciones, autorizaciones, negativas y obstáculos que se repiten hasta volverse parte del paisaje.
No siempre se trata de una prohibición explícita. A veces alcanza con una página web inaccesible, una escuela que no proporciona los apoyos necesarios, una oficina pública que no contempla otra forma de comunicación o una prestación que se interrumpe mientras dos organismos discuten quién debe hacerse cargo.
La barrera puede parecer pequeña para quien no necesita atravesarla. Para quien encuentra su vida condicionada por ella, puede significar perder una oportunidad, una atención médica, un empleo o la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.
Durante mucho tiempo, estas situaciones fueron interpretadas principalmente como consecuencias individuales de una discapacidad. La respuesta social solía organizarse alrededor de la rehabilitación, la asistencia, la beneficencia o la protección.
Pero había una pregunta que ese enfoque no conseguía responder: ¿qué responsabilidad tiene una sociedad cuando sus propias instituciones impiden participar a quienes supuestamente pretende incluir?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vino a transformar esa discusión.
No porque antes de su existencia las personas con discapacidad carecieran de derechos humanos, sino porque esos derechos, reconocidos universalmente, seguían encontrando obstáculos específicos para hacerse efectivos.
Y porque quienes vivían esas exclusiones reclamaban algo más profundo que ser escuchados ocasionalmente: exigían participar en las decisiones que afectaban sus propias vidas.
De esa reivindicación nació una consigna que atravesó fronteras, organizaciones y generaciones: «Nada sobre nosotros sin nosotros».
Antes de la Convención hubo una historia de lucha
La Convención no apareció de repente en un despacho diplomático de Nueva York. Su aprobación fue el resultado de décadas de organización y reivindicaciones del movimiento internacional de personas con discapacidad.
Durante el siglo XX, distintas organizaciones comenzaron a cuestionar los modelos que reducían la discapacidad a un diagnóstico médico o a una situación de dependencia permanente.
La discusión no negaba la importancia de la atención sanitaria, la rehabilitación o los apoyos. Lo que cuestionaba era que esas necesidades sirvieran como justificación para limitar la autonomía, excluir de los espacios públicos o sustituir la voluntad de las personas.
En 1982, Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. En 1993 adoptó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades.
Ambos instrumentos representaron avances importantes. Reconocían responsabilidades estatales y promovían medidas para combatir la exclusión. Sin embargo, no tenían la fuerza jurídica de un tratado internacional vinculante.
El movimiento de personas con discapacidad continuó reclamando un instrumento que estableciera obligaciones concretas para los gobiernos.
No bastaba con recomendar que las escuelas fueran accesibles. Había que reconocer el derecho a una educación inclusiva. No alcanzaba con promover oportunidades laborales. Era necesario establecer obligaciones contra la discriminación en el empleo. Tampoco resultaba suficiente hablar de protección si esa protección terminaba convirtiéndose en una excusa para decidir sobre la vida de otra persona.
La cuestión comenzaba a desplazarse: de lo que las instituciones estaban dispuestas a ofrecer hacia aquello que los Estados tenían la obligación de garantizar.
México, Naciones Unidas y una negociación histórica
En septiembre de 2001, México impulsó ante Naciones Unidas la elaboración de una convención internacional específica sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General aprobó la Resolución 56/168, que estableció un Comité Especial encargado de estudiar las propuestas para un tratado internacional.
Las negociaciones comenzaron en 2002 y se extendieron hasta 2006, principalmente en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
Participaron delegaciones gubernamentales, organismos internacionales, instituciones de derechos humanos y organizaciones representativas de personas con discapacidad.
La participación de estas últimas constituyó uno de los rasgos más significativos del proceso.
Las personas sobre cuyos derechos se estaba legislando no querían quedar reducidas a ejemplos, estadísticas o testimonios destinados a conmover a las delegaciones. Querían intervenir en la discusión de los textos, proponer modificaciones y defender sus posiciones.
Organizaciones de personas ciegas, sordas, con discapacidad física, intelectual y psicosocial, entre otras, participaron en las deliberaciones y trabajaron de manera coordinada para influir en el contenido del tratado.
La consigna «Nada sobre nosotros sin nosotros» encontró allí una expresión política concreta.
No significaba que todas las organizaciones pensaran igual ni que desaparecieran los desacuerdos. Significaba que las personas con discapacidad debían ser protagonistas de una negociación internacional que hasta entonces podría haberse desarrollado sin ellas.
Entre los asuntos más discutidos estuvieron el reconocimiento de la capacidad jurídica, la educación inclusiva, la autonomía, la vida en comunidad, la protección frente a tratamientos sin consentimiento y las obligaciones estatales para eliminar la discriminación.
El resultado no fue solamente un catálogo de derechos. Fue también una transformación en la manera de comprender quiénes debían participar en la construcción de las políticas públicas.
El 13 de diciembre de 2006: una aprobación por consenso
Después de años de negociaciones, el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo mediante la Resolución 61/106.
La aprobación se produjo por consenso, sin votación nominal.
Este detalle merece una aclaración porque suele confundirse con una votación unánime registrada.
No existe una lista de países que hayan votado afirmativamente, negativamente o se hayan abstenido respecto de la Convención completa. La Asamblea General adoptó el texto sin someterlo a una votación nominal.
Eso no significa que durante los cuatro años de negociaciones no existieran desacuerdos.
El 25 de agosto de 2006, durante la etapa final de elaboración, se realizó una votación sobre un párrafo específico del preámbulo, relacionado con las condiciones de paz y seguridad y las situaciones de ocupación extranjera.
El resultado fue de 102 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.
Australia, Canadá, Israel, Japón y Estados Unidos votaron en contra de ese párrafo. Argentina estuvo entre los países que lo apoyaron.
Pero sería incorrecto presentar aquellos cinco votos negativos como un rechazo a la Convención completa. La controversia correspondió a una disposición particular, no a la aprobación final del tratado.
El 30 de marzo de 2007, la Convención quedó abierta a la firma. Ese primer día reunió 82 firmas, una respuesta internacional extraordinaria para un tratado de derechos humanos.
El 3 de mayo de 2008 entró en vigor internacionalmente.
Lo que durante décadas había sido una reivindicación de movimientos sociales se convertía en un compromiso jurídico internacional.
De la asistencia al reconocimiento de derechos
Uno de los aportes fundamentales de la Convención fue consolidar una concepción de la discapacidad que no se agota en las características individuales de una persona.
Su enfoque reconoce que las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales pueden encontrar barreras que, al interactuar con esas condiciones, impidan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones.
La diferencia no es solamente terminológica.
Si una persona que utiliza silla de ruedas no puede ingresar a un edificio público, la respuesta no debería limitarse a lamentar sus dificultades de movilidad. También corresponde preguntarse por qué ese edificio no permite el ingreso de todas las personas.
Si una persona ciega recibe información pública únicamente mediante imágenes sin alternativas accesibles, la discusión no debería centrarse en su imposibilidad de verlas. Debe examinarse la responsabilidad de quien produce y distribuye esa información.
Si una persona sorda no puede comunicarse adecuadamente durante un procedimiento judicial, el problema no puede resolverse exigiéndole que se adapte por su cuenta a un sistema que no proporciona los apoyos necesarios.
Esta perspectiva no elimina las necesidades individuales ni supone que todas las personas con discapacidad enfrentan las mismas situaciones.
Por el contrario, exige reconocer la diversidad de experiencias, condiciones y apoyos necesarios.
La igualdad no consiste en obligar a todas las personas a utilizar exactamente los mismos procedimientos. Consiste en garantizar que puedan ejercer sus derechos en condiciones efectivamente equivalentes.
Y esa diferencia obliga a revisar instituciones, presupuestos, prácticas profesionales y decisiones políticas.
Argentina: de la aprobación legislativa a la jerarquía constitucional
Argentina firmó la Convención el 30 de marzo de 2007.
El Congreso Nacional aprobó la Convención y su Protocolo Facultativo mediante la Ley 26.378, sancionada el 21 de mayo de 2008.
La decisión contó con un amplio respaldo parlamentario. En la votación de la Cámara de Diputados se registraron 169 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención.
El 2 de septiembre de 2008, Argentina depositó su instrumento de ratificación ante Naciones Unidas y asumió formalmente sus obligaciones internacionales.
Sin embargo, el proceso argentino tuvo otro momento decisivo seis años después.
El 19 de noviembre de 2014, el Congreso sancionó la Ley 27.044, que otorgó jerarquía constitucional a la Convención en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de diciembre de 2014.
El proyecto había recibido la aprobación del Senado el 4 de diciembre de 2013, con 50 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención registrada.
En Diputados, durante la sanción definitiva de noviembre de 2014, el registro nominal consignó 208 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención.
El acompañamiento atravesó distintos espacios políticos, tanto oficialistas como opositores.
Esa coincidencia parlamentaria tiene relevancia histórica: el reconocimiento constitucional de la Convención no fue presentado como una aspiración exclusiva de un partido, sino como una decisión institucional del Congreso argentino.
Pero también dejó planteada una responsabilidad que trasciende a quienes votaron aquellas leyes.
La jerarquía constitucional significa que la Convención integra el conjunto de tratados de derechos humanos que tienen una posición especialmente protegida dentro del ordenamiento jurídico argentino.
No es una recomendación que las autoridades puedan aceptar o ignorar según sus preferencias.
Sus obligaciones alcanzan a los poderes públicos y deben orientar la interpretación de las leyes, las decisiones judiciales y la elaboración de políticas estatales.
Y aquí aparece una cuestión fundamental para un país federal: la Convención rige en todo el territorio argentino.
Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las autoridades municipales deben respetarla dentro de sus respectivas competencias.
Una provincia no necesita volver a aprobar el tratado para que sus obligaciones resulten aplicables.
El reconocimiento constitucional, entonces, fue un paso histórico.
Pero el verdadero alcance de esa decisión no puede medirse únicamente por la cantidad de votos que reunió en el Congreso.
También debe examinarse en las escuelas, los hospitales, los tribunales, los lugares de trabajo, los sistemas de transporte y las oficinas públicas.
Allí donde los derechos dejan de ser una declaración y deben convertirse en hechos.
El Certificado Único de Discapacidad no crea los derechos humanos
En Argentina, buena parte de los trámites vinculados con la discapacidad gira alrededor de un documento: el Certificado Único de Discapacidad, conocido como CUD.
Su importancia administrativa es indiscutible. Permite acreditar la discapacidad para acceder a determinadas prestaciones, beneficios y procedimientos establecidos por la legislación.
Pero existe una diferencia que no debería perderse de vista.
Los derechos humanos reconocidos por la Convención no nacen cuando una persona obtiene un certificado.
La dignidad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la autonomía y el acceso a la Justicia no son premios administrativos.
El CUD puede ser un requisito legal para acceder a determinados servicios o beneficios. Eso no significa que una persona sin certificado deje de estar protegida frente a la discriminación por discapacidad.
Confundir ambas cuestiones puede transformar una herramienta administrativa en una frontera equivocada entre quienes merecen ejercer derechos y quienes supuestamente deben esperar autorización.
La Convención parte de otro principio: los derechos pertenecen a las personas.
Los procedimientos estatales deben organizarse para garantizarlos, no para reemplazar su fundamento.
Cuando el derecho a decidir encuentra sus límites
Uno de los asuntos más profundos que plantea la Convención es el reconocimiento de la autonomía.
Durante décadas, numerosas personas con discapacidad vieron limitada su posibilidad de decidir sobre cuestiones fundamentales de sus vidas.
Administrar bienes, firmar documentos, elegir una residencia, consentir tratamientos médicos o participar en procesos judiciales podían convertirse en decisiones tomadas por familiares, profesionales o autoridades.
La Convención reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y establece que las personas deben contar con apoyos para ejercerla cuando los necesiten.
El Código Civil y Comercial argentino, vigente desde 2015, incorporó principios de presunción de capacidad, excepcionalidad de las restricciones y sistemas de apoyo.
Sin embargo, conserva mecanismos que permiten restringir judicialmente el ejercicio de determinados actos y, en circunstancias excepcionales, declarar la incapacidad.
Esta coexistencia entre avances normativos y mecanismos de sustitución de decisiones fue cuestionada por el Comité de Naciones Unidas.
La discusión tiene consecuencias concretas.
Una persona puede necesitar ayuda para comprender un contrato sin que eso signifique que otra persona deba decidir por ella.
Puede requerir asistencia para organizar sus finanzas sin perder automáticamente el derecho a administrar su dinero.
Puede necesitar apoyos para comunicarse con profesionales de la salud sin que su voluntad deba quedar subordinada a la de terceros.
La protección no debería convertirse en una forma de silenciamiento.
Y la autonomía tampoco significa abandonar a las personas a su suerte. Significa construir los apoyos necesarios para que puedan ejercer sus decisiones con las salvaguardias correspondientes.
Naciones Unidas volvió a mirar a Argentina
El reconocimiento constitucional de la Convención no cerró el debate sobre su cumplimiento.
En marzo de 2023, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó los informes periódicos de Argentina y aprobó nuevas observaciones finales.
El organismo reconoció avances normativos e institucionales, pero también expresó preocupaciones sobre numerosas situaciones que continuaban afectando a las personas con discapacidad.
Entre ellas, identificó dificultades de accesibilidad, obstáculos para la educación inclusiva, problemas en el acceso al trabajo, restricciones a la capacidad jurídica, barreras en los procedimientos judiciales y deficiencias en los sistemas de protección social.
También cuestionó la insuficiencia de los mecanismos independientes de seguimiento y la participación efectiva de las organizaciones representativas.
Una de las recomendaciones especialmente relevantes estuvo relacionada con la necesidad de revisar las normas que permiten sustituir decisiones de personas con discapacidad y fortalecer los sistemas de apoyo basados en su voluntad y preferencias.
En materia judicial, el Comité advirtió sobre la implementación limitada de ajustes de procedimiento, las barreras de comunicación y el alcance insuficiente de los servicios de patrocinio jurídico gratuito.
La existencia de una ley, por sí sola, no demuestra que todos sus destinatarios puedan ejercerla.
Una persona puede tener derecho a iniciar una demanda y, sin embargo, encontrarse con documentos inaccesibles, trámites difíciles de comprender o procedimientos que no contemplan sus necesidades de comunicación.
La Justicia no queda fuera de las obligaciones que exige a otras instituciones.
También debe garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos que afectan sus derechos.
Pensiones, prestaciones y el costo de ejercer un derecho
La protección social constituye otro de los espacios donde la distancia entre las normas y su aplicación puede hacerse especialmente visible.
En sus observaciones de 2023, Naciones Unidas manifestó preocupación por los obstáculos para acceder a pensiones no contributivas, la insuficiencia de los montos y las restricciones que dificultaban compatibilizar determinados beneficios con el trabajo remunerado.
Durante 2025, las reformas administrativas, los procedimientos de auditoría y las decisiones sobre financiamiento volvieron a colocar la cuestión bajo observación internacional.
El Gobierno argentino defendió distintas medidas como instrumentos para mejorar la transparencia, controlar irregularidades y administrar de manera más eficiente los recursos públicos.
Organizaciones de personas con discapacidad y organismos de defensa de derechos, por su parte, advirtieron sobre dificultades de notificación, barreras para cumplir los procedimientos y riesgos de interrupción de ingresos o prestaciones esenciales.
Las dos posiciones forman parte de la documentación pública, pero no deben confundirse con una comprobación automática de sus resultados.
La pregunta decisiva no es solamente si una auditoría tiene una finalidad administrativa legítima.
También importa cómo se realiza, si las personas reciben información accesible, si pueden ejercer su defensa y qué ocurre cuando una prestación se suspende de manera equivocada.
En 2025, la Ley 27.793 estableció un nuevo marco de emergencia nacional en discapacidad y creó un régimen de pensión no contributiva por discapacidad para protección social.
En 2026 se dictaron medidas de reglamentación y procedimientos para la conversión de prestaciones al nuevo régimen.
Estos cambios permiten identificar respuestas legislativas y administrativas. Sin embargo, la existencia de nuevas disposiciones no alcanza para afirmar que los problemas señalados por Naciones Unidas hayan sido resueltos.
Para conocer sus efectos es necesario examinar los resultados publicados, las decisiones judiciales, la continuidad de los servicios y las garantías efectivamente ofrecidas a las personas afectadas.
Porque un derecho que depende de una prestación no se satisface únicamente cuando aparece reconocido en una resolución.
También necesita llegar a tiempo.
Cuando los derechos llegan a los tribunales
La Convención puede ser invocada ante la Justicia argentina, y existen antecedentes judiciales que muestran su relevancia para resolver conflictos concretos.
En octubre de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires intervino en un caso vinculado con la continuidad de prestaciones de un niño beneficiario del programa Incluir Salud.
La controversia involucraba cobertura de centro de día y transporte. La decisión judicial sostuvo la protección de esas prestaciones frente al recurso presentado.
El caso permite observar un problema frecuente: el reconocimiento administrativo de un servicio no siempre garantiza su continuidad efectiva.
Otro antecedente significativo es el caso de Sebastián Furlán y sus familiares contra Argentina.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulneraciones vinculadas con un proceso judicial que se prolongó durante aproximadamente doce años, después de que Furlán sufriera graves lesiones durante su adolescencia.
Aunque la sentencia se dictó bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporó consideraciones fundamentales sobre discapacidad, acceso a la Justicia y protección de derechos.
El tiempo fue un elemento central de aquella historia.
Una respuesta judicial puede reconocer una injusticia. Pero cuando llega después de muchos años, las oportunidades perdidas no siempre pueden recuperarse.
También existen procedimientos internacionales.
Argentina aprobó en 2023 un acuerdo de solución amistosa relacionado con una comunicación presentada ante el Comité de Naciones Unidas por Raúl Roberto Cardozo Subía, en la que se habían planteado cuestiones relativas a discapacidad intelectual y garantías judiciales.
Estos antecedentes muestran que las obligaciones internacionales no permanecen completamente alejadas de los conflictos cotidianos.
Pueden intervenir en la interpretación de las normas, en decisiones judiciales y en procedimientos de reparación.
Pero también revelan una dificultad: reconocer un derecho, obtener una resolución favorable y conseguir que esa resolución se cumpla son etapas diferentes.
Y cada una puede implicar nuevos obstáculos.
¿Quién controla a quienes deben garantizar los derechos?
La Convención establece obligaciones de seguimiento nacional e internacional.
Los Estados deben contar con mecanismos encargados de coordinar su aplicación y con estructuras independientes de supervisión que permitan evaluar el cumplimiento de sus compromisos.
También deben garantizar la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
El Comité de Naciones Unidas examina informes estatales, formula observaciones y puede intervenir en comunicaciones individuales bajo las condiciones previstas por el Protocolo Facultativo.
Sin embargo, sus recomendaciones no funcionan de la misma manera que una sentencia judicial ejecutable.
El Comité no puede imponer automáticamente multas ni reemplazar a los tribunales nacionales.
Eso no vuelve irrelevantes sus conclusiones. Sus observaciones constituyen referencias internacionales autorizadas para interpretar las obligaciones asumidas por Argentina y evaluar sus políticas.
En 2023, el Comité señaló deficiencias en la supervisión independiente del cumplimiento de la Convención.
Durante 2025 y 2026, el Estado argentino atravesó modificaciones en su estructura administrativa vinculada con la discapacidad, incluida la transferencia de funciones de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad al ámbito del Ministerio de Salud.
Pero coordinar políticas públicas y supervisarlas independientemente son responsabilidades distintas.
La existencia de una autoridad administrativa no reemplaza, por sí misma, la necesidad de contar con controles independientes y participación efectiva.
Y aquí la consigna que acompañó el nacimiento de la Convención recupera toda su importancia.
Si las personas con discapacidad no participan en la elaboración, aplicación y evaluación de las decisiones que afectan sus vidas, la política pública corre el riesgo de volver a construirse sobre ellas, pero sin ellas.
La distancia entre el Congreso y la vida cotidiana
En Argentina, la Convención atravesó distintas etapas institucionales: firma, aprobación legislativa, ratificación internacional y reconocimiento de jerarquía constitucional.
Sus principios recibieron respaldo parlamentario de diferentes sectores políticos.
Su cumplimiento, sin embargo, no puede medirse exclusivamente por ese consenso.
Tampoco sería riguroso afirmar que nada cambió desde su aprobación.
Existen avances normativos, programas de asistencia, decisiones judiciales y mecanismos de protección que forman parte del recorrido argentino.
La pregunta es si esos instrumentos alcanzan, cómo funcionan y qué sucede cuando no llegan a quienes deberían proteger.
Una escuela puede contar con normas de inclusión y aun así carecer de apoyos suficientes.
Una institución pública puede disponer de una política de accesibilidad mientras mantiene plataformas digitales imposibles de utilizar con determinadas tecnologías de asistencia.
Un organismo puede reconocer una prestación y demorar su cumplimiento hasta que la necesidad que debía atender se transforme en una urgencia.
Y una persona puede tener formalmente reconocido su derecho a decidir, pero encontrar dificultades para ejercerlo frente a instituciones acostumbradas a escuchar primero a quienes la acompañan.
No se trata de negar los avances ni de reducir toda la experiencia de la discapacidad a una sucesión de vulneraciones.
Se trata de reconocer que la igualdad jurídica necesita condiciones materiales, institucionales y sociales para convertirse en igualdad efectiva.
La Convención no prometió una sociedad sin conflictos.
Estableció obligaciones para que la discapacidad no fuera utilizada como justificación de desigualdades, exclusiones o restricciones injustificadas.
Nada sobre nosotros sin nosotros
La frase que acompañó durante décadas las luchas del movimiento de personas con discapacidad sigue siendo una de las claves más importantes para comprender la Convención.
«Nada sobre nosotros sin nosotros» no significa que las personas con discapacidad deban estar presentes únicamente en fotografías institucionales, ceremonias o campañas de sensibilización.
Significa participar en las decisiones, discutir prioridades, cuestionar procedimientos, proponer soluciones y contar con condiciones reales para intervenir.
Significa que una persona no pierde su voz porque necesita apoyos para comunicarse.
Que una familia no reemplaza automáticamente la voluntad de quien tiene una discapacidad.
Que una organización representativa no debería ser convocada solamente cuando las decisiones ya están tomadas.
Y que las políticas públicas no pueden evaluarse únicamente por las intenciones de quienes las anuncian, sino también por sus consecuencias sobre las vidas de quienes deben utilizarlas.
Argentina asumió compromisos internacionales en 2008 y otorgó jerarquía constitucional a la Convención en 2014.
Desde entonces, garantizar esos derechos no depende exclusivamente de la sensibilidad de una autoridad ni de la buena voluntad de una institución.
Es una obligación jurídica.
Las observaciones de Naciones Unidas, las decisiones judiciales y los debates sobre prestaciones, accesibilidad y autonomía muestran que el camino entre el reconocimiento formal y el cumplimiento efectivo continúa siendo objeto de controversias y exigencias.
Pero el sentido de la Convención no se agota en señalar lo que falta.
También reside en reconocer quiénes impulsaron esos cambios, quiénes participaron en su construcción y por qué la autonomía, la igualdad y la dignidad no pueden quedar subordinadas a la mirada de terceros.
Los derechos de las personas con discapacidad no comenzaron cuando un organismo internacional los escribió ni cuando el Congreso argentino los incorporó a su legislación.
Esas decisiones les otorgaron reconocimiento jurídico y establecieron obligaciones para protegerlos.
La dignidad ya estaba allí.
Lo que cambió fue la posibilidad de exigir, con mayor fuerza, que l





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